La transición a la economía circular, un reto compartido
El actual contexto económico se basa en la linealidad de la producción. La característica principal de este modelo radica en que se pasa de una extracción de recursos y materias primas, a su uso en la fabricación de bienes de consumo y a la posterior deposición de éstos una vez finalizada su vida útil. Si se tiene en cuenta que en Europa se reciclan el 36% de los residuos generados (en España la cifra desciende a un 24,32%, según datos de 2014) y se añade la limitada disponibilidad de materias primas y un consumo energético elevado, la situación, a medio plazo, deviene insostenible tanto ambiental como económicamente.
Con el fin de hacer frente a, entre otros, este problema de alcance global, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 aprobó la Agenda 2030: se trata de una iniciativa que contiene 17 objetivos de aplicación universal entre los que se encuentran «la producción y consumo responsables» y «la acción por el clima». Y es aquí donde se evidencia que la vía para alcanzar con éxito tales hitos pasa por un cambio en la linealidad de la producción y una apuesta por la economía circular. La economía circular relaciona aspectos ambientales y económicos y tiene como propósito que tanto los productos como los materiales y los recursos se mantengan en la economía a largo plazo, con la consiguiente reducción de generación de residuos. Este esquema no sólo presenta ventajas desde un punto de vista medioambiental sino que el hecho de que residuos y subproductos entren de nuevo en el ciclo de producción –como materias primas– conllevará el crecimiento y creación de empleo, la mejora de la competitividad y de la seguridad en el suministro de materias primas, el incremento de la innovación y la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI).
La transición hacia una economía circular ayudará a la Unión Europea a cumplir con sus compromisos internacionales, no sólo en lo que respecta a la Agenda 2030, sino también con relación al acuerdo de la COP21 para mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados y la garantía de cadenas de suministro más sostenibles y mercados más globalizados para las materias primas secundarias (alianza del G7 sobre la eficiencia de los recursos). Para ello, la Comisión Europea adoptó en 2015 un Plan de Acción sobre Economía Circular que contempla una serie de medidas con el objeto de ayudar a las empresas y consumidores europeos en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible. En nuestro país, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente empezó a trabajar (marzo de 2017) en la elaboración de una Estrategia Española de Economía Circular alineada con los objetivos del mentado plan de la Comisión, para fijar un marco que permita desplegar las medidas necesarias para favorecer una economía plenamente sostenible y competitiva en el horizonte de 2030.
Dicha estrategia se articula en sucesivos planes de acción a corto plazo a partir de la identificación de cinco sectores prioritarios en los que incorporar este reto: sector de la construcción, agroalimentación, industria, bienes de consumo y turismo. El primer Plan de Acción (2018-2020) cuenta con varias líneas principales de actuación. A saber: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua. Además, con carácter transversal, se incorporan tres más: sensibilización y participación; investigación, innovación y competitividad, y empleo y formación.
Líneas de actuación
La estrategia se apoya tanto en políticas ambientales como de competitividad y sociales. En el ámbito concreto de la competitividad, las políticas se desarrollan en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2018-2020), que incorpora el Programa Estatal de I+D+i orientado a los retos de la sociedad. Éste se basa en el apoyo y financiación públicos a proyectos de I+D+i enfocados a resolver, entre otros, los problemas asociados al tránsito hacia una economía circular: incluye actividades de investigación e innovación dirigidas a la sostenibilidad de los sistemas de producción primaria y forestales, seguridad y calidad alimentaria, investigación marina y marítima, y bioproductos, la generación de energía segura, eficiente y limpia y la acción sobre el cambio climático y utilización de recursos naturales.
Estas políticas se canalizan a través de instrumentos normativos, económicos, de investigación, desarrollo e innovación, y de participación y sensibilización. A nivel financiero, se emplearán estímulos económicos cuyo objeto es el apoyo financiero a la iniciativa privada. Por lo tanto, este tipo de instrumentos podrán estar vinculados a un plan o programa –todavía por concretarse– y podrán llevarse a cabo mediante cualquiera de las fórmulas previstas en la legislación, esto es, créditos, ayudas económicas reembolsables y subvenciones, entre otros.
Por otro lado, los instrumentos de fomento de la I+D+i incluirán los centrados tanto en la oferta como en la demanda. En el primer ámbito resulta esencial la generación del conocimiento científico y técnico, y de vanguardia para la resolución de problemas y la identificación de oportunidades que permitan acelerar la modernización y transformación de los procesos productivos. Desde el punto de vista de la demanda, se articularán a través de compra pública innovadora, razón por la que ésta deviene igualmente una herramienta fundamental para acelerar la transición hacia la economía circular.
Las herramientas para lograr este cambio de modelo hacia la economía circular se están poniendo en marcha desde una doble perspectiva comunitaria y española. Pero que esta transición sea una realidad dependerá de la implicación y el compromiso de las distintas Administraciones, sector público y privado y sociedad en general.
Por Marta Sebastiá, Coordinadora Industria y Energía de F. Iniciativas.
FUENTE: https://www.larazon.es/economia/la-transicion-a-la-economia-circular-un-reto-compartido-PM17933158