La Rioja apura una ley de economía circular que exige un 25% de plástico reciclado y abre otra discusión con las empresas
El oficialismo provincial busca apurar el proyecto. La iniciativa mete presión al sector privado con multas atadas al salario mínimo, pero ofrece rebajas en las metas a quienes inviertan en la provincia. Fuerte guiño a las cooperativas.
El gobierno de La Rioja decidió acelerar el paso en su agenda regulatoria y envió a la Legislatura un ambicioso proyecto de ley de Economía Circular del Plástico. Con esta movida, el oficialismo busca dar cumplimiento operativo a la reforma constitucional sancionada en 2024, que blindó la agenda ambiental y la mitigación del cambio climático dentro de los deberes del Estado provincial.
La letra chica del proyecto, al que tuvo acceso este medio, activa un esquema de presión directa sobre los fabricantes e importadores de envases, obligándolos a una reconversión verde bajo la amenaza de fuertes sanciones económicas. Sin embargo, en los pasillos de la gobernación admiten que la iniciativa combina «el garrote y la zanahoria»: ofrece flexibilizar las exigencias ambientales a cambio de que las empresas radiquen plantas o compren insumos en territorio riojano.
Las metas del PET y la negociación con el sector privado
El punto que ya encendió las alarmas en el sector empresarial es el cronograma obligatorio de inclusión de material reciclado post consumo. Para los envases de PET (Polietileno Tereftalato), la ley exige un piso de arranque del 25% apenas entre en vigencia. El texto plantea una escala ascendente que pasa al 30% en 2027, al 40% en 2030, y proyecta un techo del 80% para el año 2050. Para el polietileno (PE), la base obligatoria será del 10% a partir de 2027.
Para amortiguar el impacto y evitar un frente de conflicto total con las industrias envasadoras, el proyecto habilita una vía de negociación federal mediante incentivos diferenciales:
- El piso exigido bajará al 20% si el plástico es recolectado dentro de los municipios de la provincia.
- Se reducirá al 15% si el proceso de reciclado —ya sea mecánico o químico— se realiza en plantas radicadas en La Rioja.
- La exigencia caerá al 10% si toda la cadena, desde la fabricación del envase hasta el proceso de envasado final, se ejecuta localmente.
Con esto, el oficialismo busca forzar la radicación de inversiones industriales en el territorio riojano, utilizando la flexibilidad normativa como principal atractivo fiscal y operativo.
La caja de las multas y el reparto a los movimientos sociales
La autoridad de aplicación de este nuevo régimen será la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que tendrá la llave del Registro de Operadores y el poder de fiscalización. En el entorno de la gobernación destacan que el control no será laxo: las multas comerciales por el material no gestionado arrancan en un piso de diez salarios mínimos por cada kilo en infracción.
El destino de esa recaudación expone la ingeniería política detrás del proyecto. Lo recaudado por penalidades no irá a rentas generales, sino que se dividirá en partes iguales bajo una lógica de contención territorial:
- El 50% será girado de forma directa al municipio donde se constate la infracción, un incentivo para que los intendentes colaboren activamente en los controles.
- El 50% restante irá al Fondo Provincial de Fortalecimiento de Cooperativas de Recicladores, una caja destinada a financiar de manera directa a los trabajadores de la economía popular locales.
El proyecto concede a las empresas un plazo de adecuación de 12 meses desde su promulgación. Durante esa ventana de tiempo, el bloque oficialista aspira a ordenar el mapa de operadores locales y asegurar que las cooperativas estén listas para proveer el insumo reciclado que la nueva ley demandará de manera obligatoria.